Por Mauricio Berríos Rodas, Magíster en Gobierno y Políticas Públicas, AEqualis.
Consideraciones del contexto nacional
El carácter y el significado de la educación han transitado, en nuestra historia reciente, desde un “gobernar es educar” de Pedro Aguirre Cerda a una “educación como un bien de consumo” de Sebastián Piñera. Esta transición decisiva vivida por la sociedad chilena ha sido estudiada desde diferentes puntos de vista, especialmente desde que la llamada “revolución pingüina”, en el año 2005, develara socialmente la realidad del lucro en la educación y sus consecuencias tanto para la calidad de la educación como para la conformación del tejido social del país.
Parte de la discusión se ha centrado en la tensión entre la libertad de enseñanza y la educación como un derecho. La discusión al respecto entre Fernando Atria y Hugo Herrera es ilustrativa sobre dos visiones ideológicas acerca de las implicancias del rol del mercado en la educación.
La conducción del Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior radica en la coordinación entre los principales organismos: DIVESUP, CNA-Chile y CNED. Para ello, la Ley 20.129 crea un Comité de Coordinación para potenciar su funcionamiento orientando las líneas de desarrollo del sistema.
La Ley 20.129, publicada en noviembre de 2006, establece un Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (SINACES) y crea la Comisión Nacional de Acreditación (CNA), cuya misión inicial es verificar y promover la calidad de la educación superior en Chile a través de la participación de un conjunto diverso de
actores, por lo tanto, la CNA es el organismo depositario de la fe pública en los procesos de acreditación que garantiza la calidad de las Instituciones de Educación Superior (IES) mediante criterios de evaluación y mecanismos creados para tal efecto.
Durante el gobierno de Ricardo Lagos se crea el financiamiento bancarizado para la educación superior chilena a través del Crédito con Aval del Estado (CAE), factor determinante para aumentar en forma exponencial la matrícula de educación superior. Sin embargo, el crecimiento y la expansión de la matrícula en educación superior no tuvo el marco regulatorio necesario y las expectativas de los estudiantes y sus familias se vieron frustradas por la baja calidad de los programas ofrecidos por algunas IES que entregaron un título de poco valor reconocido. Además de un alto
endeudamiento y muchas veces ni siquiera un título, debido a la deserción originada tanto por razones económicas como de capital cultural y social del estudiantado.
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