Por Víctor Salas Opazo, académico Universidad de Santiago de Chile.
Esta semana, el subsecretario de Educación Superior, Juan Eduardo Vargas, condicionó el aumento de la cobertura de la gratuidad al crecimiento económico y advirtió que, en un contexto de recursos escasos, debían priorizarse otros aspectos con “más impacto desde el punto de vista social”, como la educación temprana, la básica y la media.
Sin embargo, al analizar y relacionar cifras, se advierte que el gasto en que incurre el Estado por concepto de becas, créditos y, por supuesto, la gratuidad, cuyo impacto social pone en duda el subsecretario, son principales políticas públicas que explican el aumento en el ingreso a la educación superior de los jóvenes chilenos de más escasos recursos.
Si se observan los datos que aporta la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda, se comprueba que la tendencia del gasto del Estado en becas, créditos y gratuidad ha sido creciente desde 2000 hasta 2018, aumentando a una tasa promedio anual de 17,74%.
Desde 2000 hasta 2005, el gasto por este concepto ha pasado desde M$92.130.182 a M$127.992.497, creciendo a un 6,8% anual en promedio. Posteriormente, en el período de mayor auge, dicho gasto creció más del triple, pasando de M$171.345.341 en 2006 a M$646.431.689 en 2011, lo que implica un crecimiento promedio anual de 27,52%.
Finalmente, para el periodo comprendido entre 2012 y 2018, este gasto creció más del doble, pasando de M$799.017.787 a M$1.742.003.031. Es decir, un crecimiento anual de 15,21% promedio, destacando el año posterior a la movilización estudiantil de 2011 y el de 2016, cuando comienza a regir la gratuidad, donde el gasto aumentó en un 23,6% y 33,78%, respectivamente.
Al tiempo en que se producen estos incrementos, se advierten aumentos de matrícula en jóvenes de 18 a 24 años, correspondientes a los cuatro primeros deciles, según se extrae de los datos que entrega la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional. En 2009, los alumnos pertenecientes a los quintiles 1 y 2 que ingresaron a la educación superior eran 172.160. En 2017, ya alcanzaban los 320.099.
Por lo tanto, se desprende que uno de los principales factores a considerar por los jóvenes y sus familias al momento de evaluar su ingreso a los estudios superiores son las facilidades de pagos que se encuentran disponibles. Las ayudas estudiantiles que entrega el Estado, que han estado creciendo, no admiten duda alguna: tienen un gran impacto social, ya que han cumplido el objetivo de dar acceso a la Educación Superior a los sectores de más bajos ingresos.
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