Por Rodrigo Tapia, director académico CFT Estatal Región de Antofagasta.
La literatura muestra como los países latinoamericanos han desarrollado importantes esfuerzos en materia económica y de inversión para fortalecer la educación, incluso en periodos de recesión económica (OCDE: 1992; CEPAL:1998; CEPAL:1999), financiando -y recibiendo financiamiento externo- diversos planes de mejoramiento de los sistemas educativos y de su calidad. No obstante, ingenuo sería considerar que estos aportes se encuentren libre de sesgos ideológicos que busquen direccionar dichas acciones desde sus intereses o perspectivas, presentándose como agentes y referentes relevantes en el levantamiento de dichas propuestas.
En esta línea, la experiencia chilena nos remonta, al menos, a tres hitos centrales: la promulgación de la Ley General de Educación (LGE), el surgimiento del Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad (SAC) y la promulgación de la Ley de Inclusión. En cada una de ellas, se advirtió la presencia de agentes que entraron en disputa en este campo con la finalidad de posicionar sus intereses y perspectivas.
En relación a la primera, reemplazó a la antigua LOCE con la finalidad de satisfacer las demandas planteadas por la sociedad civil (Revolución pingüina de 2006) en función de una educación gratuita, con equidad y calidad. Cabe señalar, que esta Ley fue precedida por el trabajo de un Consejo Asesor Presidencial que estableció que “Una de las falencias del sistema educacional en Chile, según pudo constatar el Consejo, es la carencia de un régimen de aseguramiento de la calidad”.
A su vez, el nacimiento del SAC que modificó la estructura del sistema educativo. Al respecto, una de las instituciones integrantes, la Agencia de Calidad de la Educación, en un Estudio propio entregó entre sus conclusiones que “los consultados tienen ciertos reparos con las instancias que buscan comparar los resultados (…) pues consideran que no toman en cuenta los proyectos educativos y el perfil de cada establecimiento, limitando el concepto de calidad”.
Finalmente, la Ley de Inclusión (Ley 20.845) determinó que se debe “garantizar la educación como un derecho y debe ser de calidad”. No obstante, la administración del presidente Piñera patrocinó dos ajustes, con características de leyes: el proyecto de Admisión Justa que buscaba mejorar el actual Sistema de Admisión Escolar y el proyecto de ley que resaltaba el Mérito Académico para el acceso del 100% de estudiantes a proyectos educativos exigentes y de alta calidad.
Con todo, el concepto de calidad entendido como mérito, inclusión, integralidad, productividad, etc. atraviesa el campo complejizando y marcando -en algunos casos- diferencias irreconciliables.
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