Por amplia mayoría se aprobó en la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados la idea de legislar el proyecto de ley sobre acoso sexual en el ámbito académico.
La iniciativa legal establece que las instituciones de educación superior deberán crear protocolos para prevenir estas prácticas, habilitar unidades responsables de los procesos de investigación y sanción del acoso sexual, la violencia y la discriminación de género, así como la protección y reparación de las víctimas.
En el texto se establece que las instituciones tendrán plazo máximo de un año para la implementación de modelos de prevención y de sanción, que deben ser construidos participativamente. Los incumplimientos en esta materia serán abordados por la Superintendencia de Educación Superior.
Inspirada en la propuesta de la Corporación Humanas y otras organizaciones feministas y académicas, el proyecto busca definir, de manera más detallada, las medidas de sanción previstas en el Código del Trabajo. En este sentido, la iniciativa precisa que, en el estatuto administrativo y en leyes especiales, el modelo de investigación y sanción del acoso sexual, la violencia y la discriminación de género y reparación de las víctimas; se podrán contemplar otras sanciones, prohibiciones y medidas, como:
- suspensión e inhabilitación temporal para el ejercicio de ciertos cargos y funciones
- remoción del cargo
- cesación de funciones
- imposibilidad de acceder a financiamientos extraordinarios
- pérdida de distinciones honoríficas
- suspensión o pérdida definitiva de la condición de estudiante
El proyecto también establece que “la normativa interna, en materia de acoso en el ámbito académico, deberá ser incorporada, expresamente, en los contratos de trabajo y de prestación de servicios educacionales; convenios académicos y de investigación, y cualquier otro instrumento celebrado con personas naturales o jurídicas, incluidos los convenios que se celebren para efectos de llevar a cabo actividades de esparcimiento y recreación”.