Han transcurrido 6 años desde la aparición de la demanda por una Educación No Sexista,
la cual se remite a las discusiones sostenidas en el “Primer Congreso Nacional por una
Educación No Sexista” en el año 2014 e incorporada en el documento “Bases para un
Sistema Nacional de Educación Pública” por la Confederación de Estudiantes de Chile
(CONFECH) el mismo año. Y 2 años de la irrupción del Movimiento Estudiantil Feminista de
mayo del 2018, que denunció el sexismo y la violencia de género en las estructuras y
paradigmas del sistema educacional chileno, como también en las dinámicas de
relacionamiento entre quienes conforman las comunidades educativas. Este contexto no
puede pasar desapercibido para comprender el lugar desde dónde se denuncia el sexismo,
que a su vez, se constituye en un espacio privilegiado desde el cual es posible generar
transformaciones sustantivas: el campo de lo educativo.
Este fenómeno humano complejo y multidimensional requiere de abordajes íntegros para
desarrollar procesos de aprendizajes significativos y de transformación colectiva. Las
acciones hasta entonces desarrolladas por Universidades públicas y privadas, I.P y C.F.T.
(diagnósticos, estudios, políticas institucionales y/o protocolos contra la violencia, etc.)
trajo consigo la apertura de un diálogo que favoreció la participación de las comunidades
educativas para profundizar el análisis de esta problemática, alcanzar compromisos
institucionales y construir alternativas posibles para erradicar el sexismo de la educación,
obviamente no exento de dificultades.
El sistema educacional al ser un dispositivo ideológico, político y económico, puede a su
vez favorecer la producción y reproducción de la cultura dominante, los discursos
hegemónicos y con ello, la violencia estructural de género. Rita Laura Segato, advierte
sobre la matriz estructural que promueve dinámicas de sometimiento continuo hacía las
mujeres y disidencias sexuales en las esferas íntima, privada y pública. Un sistema que no se reproduce automáticamente ni está predeterminado como consecuencia de una ley natural, sino que lo hace mediante un repetitivo ciclo de violencia, la restauración constante de una economía simbólica que organiza el estatus, jerarquía global, ejercicio del poder y subordinación representada en los lugares que ocupan mujeres y hombres en la sociedad (Pág. 146, 2003).
En este sentido surge la pregunta ¿Qué pueden hacer los espacios educativos para enfrentar la ciberviolencia de género? En primera instancia, las instituciones educativas deben aperturarse a este reflexión sobre el rol que ocupan como agentes socializadores, de formación y en la vida de las y los estudiantes, ya que a partir de ella existirá mayor claridad del tipo de abordaje que se requiere para cada contexto en particular, disponer de estrategias de prevención, mecanismos de detección temprana y articulación con la red intersectorial de cada territorio.
Una segunda medida tiene relación con la voluntad política de sus autoridades para instalar un comprensión y disposición de transformar la relación entre sexismo y violencia de género presente en los vínculos sociales que acontecen en es espacio educativo, por medio de una Dirección/Departamento o Unidad funcionales que implemente políticas para la igualdad y equidad de género. Estas acciones constituyen el puntapié inicial para erradicar el impacto nocivo que genera esta problemática de interés público en todas/os las personas que integran la comunidad educativa. Del mismo modo, se vuelve necesario promover una pedagogía comprometida con la justicia de género, el reconocimiento de la diversidad y que reflexione sobre la vida cotidiana, para garantizar el derecho a habitar un espacio educativo libre de violencia de género.
En vista de transformar la gramática de la violencia presente en todas las esferas de la vida cotidiana se requieren acciones en distintos niveles, desde la administración central del Estado y la coordinación interministerial para el diseño de políticas, planes y programas, la injerencia de la economía y los mercados en esta problemática, el funcionamiento de los gobiernos locales -municipios-, servicios de atención primaria, establecimientos educacionales, ONG y/o fundaciones, hasta del protagonismo de las comunidades y las propias familias (por mencionar algunas).
Producto de la pandemia global COVID-19 que afecta a nuestro país, las relaciones laborales, educativas e interpersonales han cambiado -en algunas situaciones- a otro tipo de interacción mediada por el uso Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC) e Internet, trasladando forzosamente el vínculo pedagógico a contextos de no presencialidad. Las redes sociales, plataformas digitales e internet se han convertido en herramientas pedagógicas y de comunicación muy versátiles para transmitir experiencias, conocimientos, conformar comunidades virtuales e instalar sentidos comunes. Pero también han sido utilizadas para trasladar la violencia género a la modalidad virtual.
Este modo de interacción pedagógica adosa desafíos antes no visualizados. La incidencia de la Ciberviolencia de género no sólo ha aumentado, también ha interceptado e impactado los entornos y las dinámicas de aprendizajes en la virtualidad, constituyéndose en un arma de doble filo. Y, por tanto, en una preocupación para la práctica docente y, en este caso, para el Instituto Profesional Arcos.
La Ciberviolencia de género es expresión de la violencia histórica y sostenida que afecta a mujeres y personas LGBTIQ+ en el mundo virtual, utilizando las nuevas tecnologías como medio para ejercer daño o dominio (Estébanez, 2013). Asimismo, emergen otras expresiones de violencia como el cibercontrol, ciberacoso, cibermisoginia y/o pornovenganza, las cuales tienen relación con la vigilancia continuada de las actividades que realizan las víctimas en redes sociales, materializandose en celos, chantajes, intimidación, hostigamiento, malos tratos que pueden ser prolongados en el tiempo, intromisión en la vida privada (fotos íntimas, información privada, contraseñas etc.) para ejercer poder y/o denigrar.
Las medidas más adecuadas para combatir la Ciberviolencia de género, según el primer estudio sobre Violencia de Género en Internet en Chile realizado el 2018, por la organización sin fines de lucro Datos Protegidos, y en relación al contexto particular del Instituto Profesional Arcos, tiene relación con visibilizar el impacto que genera esta problemática en la vida de las personas y, para la comunidad educativa, siendo necesario sensibilizar sobre el uso responsable de las TICS en relación contenido y las conductas violentas que pudieran perpetuarse en la modalidad virtualidad. Por ejemplo, 81% de las personas encuestadas declararon haber sufrido violencia verbal (burlas, insultos, humillaciones, entre otras manifestaciones), un 66% declara que la segunda forma de violencia más frecuente es el acoso y el hostigamiento, un 41% manifiesta haber recibido sin consentimiento imágenes o videos agresivamente sexuales. De lo anterior un 71% declara haber recibido los ataques por Facebook, seguido de la plataforma de WhatsApp (31%), Twitter (29%), correo electrónicos (22%) e Instagram (17%). Finalmente, un 63% de las personas encuestadas señala haber conocido a uno o más de sus atacantes, pudiendo inferir que los ataques podrían perpetuarse de forma física.
En el contexto particular del Instituto Profesional Arcos, contamos con una Política de Igualdad y Equidad de Género y Reconocimiento de la Diversidad, y con la Unidad de Género y Diversidad para su materialización, además de profesionales del área psicosocial para acompañar procesos de denuncia, dispositivos de acompañamiento individual y grupal en aula, espacios abiertos de sensibilización y vinculación con la red municipal e instituciones de la sociedad civil. Sin embargo, en este contexto se vuelve necesario abordar la especificidad de este fenómeno con acciones que informen a la comunidad educativa sobre cómo aumentar la seguridad de la información vertida en las plataformas digitales, regular y hacer frente a las conductas abusivas y de violencia, diseñar campañas comunicacionales que promuevan prácticas de uso responsable de las TICS, contar con un acompañamiento específico en esta materia tanto para las víctimas como los victimarios, proveer de acompañamiento en aula a docentes que identifican esta problemática donde dinámica relacional del curso se ve afectada, generar espacios formación, discusión y reflexión crítica sobre la normalización de la violencia y sus distintas manifestaciones en el entorno virtual.
Finalmente es importante destacar que el modo más adecuado para desmantelar la ciberviolencia de género en los espacios educativos tiene relación con la prevención y estrategias de colaboración en red, de este modo, abordar la problemática con enfoque comunitario y no como una afectación exclusiva de la individualidad como ha ocurrido hasta ahora. Una respuesta socio-educativa y con perspectiva de género que ubique el fenómeno de la normalización de la violencia estructural de género en el centro docencia y considere las propias experiencias de opresión y privilegios, parece ser los más acertado para subvertir las situaciones de desigualdad que afectan a mujeres y personas LGBTIQ+ en el momento actual que como sociedad nos encontramos.