Por Magdalena Vergara, directora ejecutiva de Acción Educar.
Nada fácil ha sido el camino recorrido para cumplir con la Ley de Educación Superior respecto de las nuevas normas de aseguramiento de la calidad. En concreto, la normativa estableció la acreditación obligatoria de las instituciones (IES), así como de las carreras de Pedagogía, del área de la salud y los programas de doctorado. Además, definió que la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) debía definir los nuevos criterios y estándares bajo los cuales debían acreditarse las IES.
La tarea de elaborar los criterios y estándares es compleja y requería de una concepción y visión clara del sistema de educación superior, así como del propósito del aseguramiento de la calidad. Cuestión que poco y nada se había discutido, a pesar de las reformas que hiciera la ley.
En esta línea, luego de la propuesta que entregó la CNA en octubre del año pasado, la que generó una preocupación transversal por parte de las IES, se abrió un espacio relevante para discutir y reflexionar respecto del sistema, tanto a raíz de la consulta que se hiciera a las IES como a partir de los grupos asesores que se formaron para elaborar una nueva propuesta.
El trabajo del grupo asesor logró rescatar en gran medida las inquietudes de las IES, comprendiendo la relevancia de pensar en un sistema de aseguramiento de la calidad que promueve su mejora continua y que respeta la gran diversidad de instituciones que participan de la educación superior. Así, si bien la propuesta es exigente, permite la flexibilidad necesaria para hacerse cargo del dinamismo propio de la educación superior, promover la innovación dentro de los planteles, rescatar las diferencias entre ellas y respetar la definición de mecanismos propios para el cumplimiento de sus propósitos.
De esta forma la propuesta presentada por el grupo, dista mucho de los primeros documentos, los que pasaban a llevar la autonomía de las IES, plantando un único modelo ideal, que imponía una rigidez al sistema, especialmente dado por la cantidad de indicadores cuantitativos, que difícilmente eran cumplidos por las casas de estudio -incluso por algunas que hoy cuentan con 6 años de acreditación, es más, según un análisis que elaboramos desde Acción Educar del total de 50 universidades de país, solo 16 cumplían los criterios establecidos en dicha propuesta-, poniendo mayor énfasis en aspectos superficiales y procedimentales que realmente en la calidad y mejora de los resultados de los procesos de enseñanza y aprendizaje.
La pandemia resulta ejemplificadora para comprender lo problemático de imponer mayor rigidez al sistema y definir su calidad por elementos que son externos a las propias IES. Más que nunca podemos ver la relevancia de entregar flexibilidad y promover los cambios necesarios para ir adaptándonos a las nuevas exigencias que impone el contexto.
Del proceso vivido en la elaboración de los criterios y estándares tenemos aprendizajes relevantes que debiéramos rescatar, especialmente atendiendo a un cambio de visión del rol de la CNA, como uno que acompaña y no que fiscaliza. Quizás el más relevante de todos, es la importancia de generar procesos participativos con las IES, a fin de cuentas, son ellas las más interesadas en mejorar su calidad y quienes mejor conocen el sistema terciario.
Es de esperar que la CNA recoja favorablemente esta propuesta y en adelante permita una mayor apertura y transparencia en sus procesos, permitiendo ir construyendo un sistema de aseguramiento de la calidad con una mirada común.